Franco Vielma
Mediante comunicado, el CNE suspende todo acto asociado al referéndum revocatorio organizado por la MUD hasta que salga una nueva instrucción judicial.
La Mesa de Unidad Democrática cometió ilÃcitos
electorales que fueron debidamente demostrados en su momento ante el
paÃs, cuando, como parte de los requisitos primarios a la solicitud
de un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, introdujo
un conjunto de firmas plagadas de irregularidades durante la
recolección de firmas del 1% del padrón electoral para inscribir la
intención de revocar a Maduro.
Lo que parecÃa una vuelta de hoja, u otro
episodio de tolerancia a la seguidilla de crÃmenes institucionales
que la MUD ha cometido una vez que asumieron en enero las riendas del
parlamento venezolano, ha sufrido un revés dramático. Intentando
vulnerar el sistema electoral venezolano e intentando burlar a la
instancia que lo rige (y al paÃs entero), la MUD introdujo 1 millón
957 mil 779 registros, de las cuales 605 mil 727 (30,9%) presentaron
irregularidades, entre ellas más de 10 mil firmas de ciudadanos
fallecidos, 9 mil 333 números de cédula inexistentes, más de 3 mil
cédulas de ciudadanos menores de edad y 1 mil 335 privados de
libertad. De esas firmas invalidadas, 307 mil 747 no cumplieron con
uno o más criterios y 97 mil 158 planillas sólo contenÃan datos en
un campo: 86 mil 337 sólo tenÃan el nombre y el apellido, 80 mil
105 sólo la huella del elector, 18 mil 338 sólo el ciudadano a
revocar, 7 mil 823 sólo el cargo a revocar, 1 mil 805 sólo la firma
y 396 sólo la cédula del elector.
Esto precedió el posterior retiro de miles de
firmas por personas que declararon por vÃa de verificación que sus
firmas habÃan sido colocadas en los registros de manera fraudulenta.
No hay sorpresas
El chavismo procedió legalmente desde el momento
de detectarse las irregularidades. A
mediados de junio, Maduro señaló: "Es
muy grave que estos polÃticos de la derecha le hayan presentado al
Poder Electoral un paquete podrido con 600 mil firmas chimbas,
fraudulentas, nuevamente. Los proponentes del referéndum declararon
que hicieron una auditorÃa, y declararon que eran impecables todas
la firmas que presentaron, es decir, tienen doble responsabilidad
jurÃdica".
Desde esa instancia el presidente de la comisión
de verificación de firmas por parte del PSUV, Jorge RodrÃguez,
acudió
el pasado 13 de junio al TSJ ante la Sala
Constitucional para someter a consideración una demanda con amparo
cautelar contra el proceso revocatorio. Aquella vez, acotó RodrÃguez
que esa no será la única acción que impulsarÃa esa comisión
contra los ilÃcitos perpetrados por la MUD, ya que también habrÃan
demandas penales y acciones judiciales por usurpación de identidad,
por la utilización de la identidad de personas fallecidas, por la
utilización de menores de edad, de personas sentenciadas por delitos
graves.
En este tramo se abrió paso a un proceso judicial
solicitado por el PSUV y que se inició de manera simultánea en
todas las circunscripciones regionales del paÃs. Según la
denuncias, el proceso revocatorio es nulo por erigirse sobre actos
graves de violación de la ley. Las demandas del PSUV fueron además
acompañadas de miles de casos de personas que demandan a la MUD por
uso fraudulento de identidad y falsificación de firmas. Sobresalen
en estas denuncias los casos de personas que han demandado declarando
el uso fraudulento de la identidad de familiares fallecidos y
personas de la tercera edad que declaran no haber participado en
dicha recolección de firmas.
En junio, mostrando un documento contentivo de
copias de todas las actas avaladas por los técnicos del CNE y de los
técnicos y testigos de los dos grupos polÃticos involucrados -MUD y
PSUV-, RodrÃguez confirmó que la oposición "aceptó los
requisitos indicados por el ente electoral", asà como se
verifica "que todas las planillas fueron auditadas con presencia
y la firma de los testigos de la MUD". Es decir, la MUD
participó en el auditaje que arrojó los hallazgos del fraude.
En agosto, aseveró RodrÃguez que el referendo
revocatorio convocado por la derecha estaba
"muerto legalmente". RodrÃguez,
desde la sede del CNE, indicó que se introdujo un segundo documento
para que el ente electoral evaluara las demandas de los ciudadanos y
tribunales sobre el proceso revocatorio. Lo que en aquel momento era
desestimado y arrojado al cajón de la diatriba, era en efecto un
recurso legal en pleno desarrollo, un iceberg que el Titanic no quiso
ver.
Pero el CNE no emitió mayor pronunciamiento, cosa
que sà miramos al detalle ha debido sorprender a quienes
fervorosamente afirman que el CNE es una institución adulterada.
Solo declararon quedar sujetos a la voluntad de los tribunales de la
República, si estos hallaban "con lugar" las demandas del
PSUV y de quienes se declaraban afectados por el fraude de la MUD.
A finales de agosto, concurrÃa la
institucionalización de la diatriba polÃtica iniciada en Venezuela
desde enero. Para este momento, la AN consagraba, por desacato al
TSJ, su autoanulación incorporando cargos a aspirantes a diputados
cuyos procesos electorales fueron anulados por fraude en Amazonas. Se
consumaba el choque de poderes con un parlamento intentando
fragmentar la institucionalidad toda, aunque se inmolaran también a
sà mismos. En el ring polÃtico, ocurrÃa la algarabÃa pendenciera
de una MUD abiertamente desafiante y amenazante, dirigiendo toda su
artillerÃa contra el CNE.
El Estado (no el Gobierno ejecutivo chavista
exclusivamente) y sus expresiones institucionales concretas,
comienzan a ver el impacto todo y profundo de una gobernanza
socavada, fragmentándose por situaciones inducidas. La MUD aceleró
el conflicto de manera vertiginosa intentando empujar a toda la
comunidad nacional a un punto de quiebre. Pero el CNE anuncia lapsos
perentorios para seguir los tramos siguientes del revocatorio,
enviando
al ostracismo al revocatorio pautándolo probablemente para 2017.
Al desplomarse la expectativa polÃtica y triunfalista de la MUD,
pierden poder de facto. La MUD se desinfla en una estrepitosa mengua
desde septiembre, sin calle, sin oportunidades polÃticas, sin poder
ejercer su parlamento conquistado y con la legalidad institucional
que querÃan derribar, en pie, pateándoles la cara.
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